La lucha por la obtención del 82% móvil para las jubilaciones ha sido por largo tiempo una de las principales banderas que hemos levantado como parte del movimiento popular.
La justicia de este reclamo y la necesidad de hacer efectivas las reformas estructurales para poder garantizarlo han chocado en las últimas décadas con los oídos sordos de los sucesivos gobiernos.
Hoy, el debate es impulsado por la oposición como parte de su agenda de confrontación con el gobierno en su intento desesperado por recuperar la iniciativa política, degradando la lucha por la implementación de un derecho indiscutible a una provocación, a una chicana más, cuyo verdadero objetivo es disparar bajo la línea de flotación del gobierno.
Nuevamente, estos sectores juegan con las necesidades de los jubilados como lo han demostrado a lo largo de su historia.
Hagamos un poco de memoria: en 1994, el gobierno de Menem y Cavallo desguazó el sistema previsional dando lugar al fabuloso negocio de las AFJP. En 1995, decretaron la rebaja de los aportes patronales, con el argumento de que favorecería la creación de empleos. De más está insistir en la falacia de esta medida, que continúa vigente y ha sido prorrogada por el gobierno actual.
¿Y qué decir del gobierno de Fernando de la Rúa y la Alianza, que no sólo sostuvo la privatización del sistema sino que, además, en el 2001, rebajó las jubilaciones en un 13% en medio de una galopante inflación? En ese momento, la todo terreno Patricia Bullrich fue la encargada de justificar la medida.
¿Podemos creer que de la noche a la mañana esos sectores tomaron conciencia de esta injusticia y se desviven por superarla?
Queda claro que su único interés es acorralar al gobierno en un tema sensible y debilitarlo buscando hacer realidad los planes de restauración neoliberal, proyecto en los que trabajan desde el lock out agrario sectores conservadores, bajo la batuta de Clarín y de la administración Obama.
Los jubilados continúan siendo víctimas de un juego de pinzas en el cual el gobierno no puede tampoco ocultar su responsabilidad.
Es cierto y valorable que el gobierno avanzó en la estatización de las AFJP ampliando la cobertura a 2,4 millones de personas que estaban privadas de ese derecho y que los aumentos otorgados desde el 2003 son medidas que merecen ser valoradas.
Pero la profundidad de los cambios requeridos para sanear definitivamente el sistema y lograr no sólo el 82% móvil sino también la mejora en las prestaciones de salud, el abaratamiento de los medicamentos y demás medidas que hacen a la calidad de vida de los jubilados, no podrán ser alcanzadas si no se desmantela la matriz neoliberal que aún permanece rigiendo la economía.
Para esto, el gobierno debería entender que la radicalización de sus políticas y las reformas profundas al sistema tributario son el único camino por el cual puede superar el posibilismo y no quedar preso de los chantajes parlamentarios de la derecha.
No es argumentando que el 82% sólo está vigente en Luxemburgo que se podrá encontrar la solución del problema.
Si el debate queda encerrado entre la especulación política y el oportunismo de la oposición y las vacilaciones y el posibilismo del gobierno, lejos estaremos de encontrar justicia para el reclamo de los jubilados que ya suman 950 marchas demandando por sus derechos.
Desde el Partido Comunista sostenemos que es posible y totalmente justo elevar las jubilaciones al 82% móvil y que los fondos para eso existen, pero es necesaria una fuerte voluntad política para extraerlos de las superganancias del parasitismo financiero y de los grandes monopolios.
Esto exige encarar decididamente un conjunto de reformas profundas que permitan avanzar eficazmente en la redistribución de la riqueza; realizar una reforma tributaria que vaya en el sentido de la progresividad, haciendo que paguen más los que más tienen, anulando el IVA a los productos frescos, que perjudican gravemente a los sectores populares y evitando que tan regresivo impuesto sea la tabla de flotación del sistema recaudatorio, establecer un gravamen especial a las transacciones financieras, a la herencia, a los jueces (que no pagan nada), a las grandes empresas formadoras de precios, a los monopolios exportadores, a los grandes terratenientes y acopiadores, a la minería, etcétera.
Para ello será necesario la creación de instrumentos estatales que permitan orientar y controlar el comercio exterior de carnes, granos y energía, de modo tal que la renta de la tierra y el subsuelo no sean objeto de especulación financiera y factor de poder de los grupos económicos, sino que sirvan para promover el bienestar popular, la igualdad, la justicia y la soberanía nacional.
Como planteamos en nuestro 24° Congreso, el único camino es la radicalización de las políticas gubernamentales.
La lucha por el 82% no es una batalla aislada, sino que junto al blanqueo de los salarios de los trabajadores en actividad, al aumento y extensión de la Asignación Universal por Hijo y al aumento de las inversiones en educación y salud, entre otras medidas necesarias como las señaladas anteriormente, son parte de la puja distributiva que debe darse a fondo y que el gobierno, acompañado por las fuerzas populares convocadas al efecto, debe encarar con total resolución.
Este punto nos parece central: ninguna reforma estructural, profunda, será posible sin la movilización popular que la respalde y defienda.
Se impone un gran debate nacional como el que se llevó adelante con la Ley de Medios para esclarecer y movilizar, creando una correlación de fuerza favorable al proyecto de liberación nacional y social aún pendiente. Esta exigente tarea es coherente con los tiempos que se viven en el Bicentenario, las condiciones son propicias, tenemos una oportunidad que debe ser aprovechada. Se trata de sortear las provocaciones y de entender que aceptar las limitaciones que impone el posibilismo sólo servirá a los intereses de quienes buscan la supervivencia de las políticas neoliberales.
Para los procesos progresistas y antineoliberales de América Latina y de sus gobiernos, el desafío es claro: radicalizarse para defender los pasos dados y seguir avanzando.
Tanto la conciliación como el posibilismo facilitan el trabajo de la derecha, que busca aplicar brutales planes de saqueo y ajuste en el marco de la crisis capitalista mundial.
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